Maryland se une a otros 23 estados para presentar una demanda contra Trump por la suspensión ilegal de los beneficios del SNAP.

La Coalición urge que la Corte restaure de inmediato los fondos de SNAP, de los que dependen 42 millones de estadounidenses

Comunicado de prensa del Fiscal General de Maryland

BALTIMORE, MD (28 de octubre de 2025)– El Fiscal General Anthony G. Brown se unió hoy a una coalición de otros 22 fiscales generales y tres gobernadores para presentar una demanda contra el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y su Secretaria Brooke Rollins por suspender ilegalmente el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que ayuda a más de 40 millones de estadounidenses a comprar alimentos, debido al cierre del gobierno federal.

“Más de 680,000 residentes de Maryland, incluidos 262,000 niños, dependen del SNAP para alimentarse”, declaró el Fiscal General Brown. “Se esta acabando el tiempo para evitar que cientos de miles de familias de Maryland pierdan el acceso a los alimentos. Estamos llevando a la administración Trump a los tribunales porque los niños y las familias de Maryland merecen algo mejor que un gobierno federal que elige dejarlos pasar hambre a pesar de tener los recursos para ayudar”.

El 1 de octubre de 2025, el nuevo año fiscal federal comenzó sin una asignación del Congreso para financiar el gobierno federal, creando un “cierre del gobierno”. El 10 de octubre, el USDA envió una carta a las agencias estatales del SNAP indicando que si el cierre continúa, no habrá fondos suficientes para pagar los beneficios completos de SNAP de noviembre para los aproximadamente 42 millones de personas en todo el país que dependen de ellos.

A pesar de la afirmación del USDA de fondos insuficientes, el Congreso asignó miles de millones de dólares en fondos de contingencia específicos del SNAP a la agencia para este mismo propósito. Además, el USDA ha financiado otros programas durante este cierre, pero se ha negado a financiar el SNAP, dejando a millones de estadounidenses sin la asistencia que necesitan para comprar alimentos. Es evidente que el gobierno federal está tomando una decisión deliberada, ilegal e inhumana de no financiar el crucial programa SNAP.

La interrupción de los beneficios tendrá graves consecuencias para la salud y el bienestar de millones de personas en todo el país, que dependen del programa para alimentarse y alimentar a sus familias. Esta interrupción también ejercerá una presión innecesaria sobre los gobiernos estatales y locales, así como sobre las organizaciones comunitarias, ya que las familias dependen cada vez más de los servicios de emergencia y las despensas de alimentos locales que ya luchan por cubrir la creciente brecha nutricional. Esto afectará a nuestros sistemas escolares y comunidades universitarias, donde la inseguridad alimentaria obstaculizará la educación de nuestros estudiantes. La suspensión de los beneficios del SNAP también perjudicará a los cientos de miles de supermercados y comercios que aceptan el pago del SNAP para compras de alimentos en todo el país. El USDA ha estimado que en una economía en desaceleración, cada dólar en beneficios del SNAP genera $1.54 en actividad económica.

En Maryland, el SNAP alimenta a más de 680,000 residentes. En mayo de 2025, los beneficiarios del SNAP en Maryland incluían a 262,248 niños menores de 18 años; 121,615 personas mayores de 62 años; 128,705 personas con discapacidades; y 28,843 personas sin hogar.

Si bien el gobierno federal financia y establece el monto mensual de los beneficios del SNAP, los estados son responsables de administrar los programas en su estado. Suspender los beneficios del SNAP de esta manera es contrario a la ley, arbitrario y caprichoso según la Ley de Procedimiento Administrativo. Donde el Congreso ha hablado claramente, disponiendo que los beneficios del SNAP deben continuar incluso durante un cierre del gobierno, el USDA no tiene la autoridad para decir lo contrario. La coalición también presentará una orden de restricción temporal solicitando al tribunal que vuelva a activar los beneficios de inmediato.

Junto la Fiscal General Brown en la presentación de esta demanda los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin. Los gobernadores de Kansas, Kentucky y Pensilvania también se han unido.